Andalucía estrena nueva Ley de Vivienda: más VPO, menos trabas y refuerzo frente a la ocupación ilegal

La nueva Ley de Vivienda de Andalucía ya está en vigor con una hoja de ruta clara: aumentar la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible, reducir la burocracia en los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios frente a fenómenos como la ocupación ilegal. El Gobierno andaluz impulsa así una norma que sitúa la vivienda como una prioridad estratégica.

La ley se apoya en cuatro grandes ejes: el incremento de la vivienda protegida, la rehabilitación del parque residencial, la disponibilidad de suelo y la simplificación administrativa. Todo ello con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en aquellas zonas donde resulta más complicado encontrar precios asequibles.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado que la norma “nace del diálogo y para mejorar la vida de los andaluces” y viene a consolidar la planificación desarrollada desde 2019 por el Ejecutivo que preside Juanma Moreno. Un trabajo que, según la Junta, ha permitido cuadruplicar el número de viviendas protegidas en los últimos seis años y situar a Andalucía como la comunidad donde más vivienda, libre y protegida, se inició en 2025.

Áreas prioritarias y colaboración público-privada

Uno de los principales objetivos de la ley es acelerar el aumento de la oferta de VPO. Para ello, se crean las denominadas áreas prioritarias, zonas con mayores dificultades de acceso a la vivienda donde la administración concentrará ayudas al alquiler, incentivos a la compra y apoyo a la construcción y rehabilitación.

La norma también refuerza la colaboración público-privada para ampliar el parque de vivienda asequible. En este marco se constituirá una comisión andaluza específica para explorar nuevas fórmulas, que se sumarán a iniciativas ya existentes como la permuta de suelo por vivienda o el desarrollo de nuevos suelos urbanizables.

Además, la ley busca equilibrar la oferta entre vivienda en venta y en alquiler, priorizando el uso residencial habitual y permanente, y optimizar la gestión del parque público mediante la creación de un inventario único de viviendas de la Junta de Andalucía.

Rehabilitación, sostenibilidad y calidad

La rehabilitación ocupa un lugar central en el nuevo marco normativo. La ley impulsa la regeneración de barriadas y la eliminación de la infravivienda bajo criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica. También se refuerzan las medidas para mejorar la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles.

En este ámbito se creará una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que fomentará, entre otros aspectos, la industrialización en los procesos constructivos como vía para ganar rapidez y eficiencia.

Más control y protección frente a la ocupación

El texto legal incorpora medidas para garantizar el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación de viviendas, sin olvidar la protección de las personas más vulnerables. Para ello, se pondrá en marcha una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y lucha contra la ocupación ilegal, con funciones de asesoramiento e información y participación de distintas consejerías y organismos públicos.

Simplificación normativa y liderazgo autonómico

La ley integra medidas urgentes ya vigentes mediante decreto-ley, como el aumento de densidad y edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, y mantiene la bolsa de suelos para VPO, que ya ha permitido aflorar parcelas con capacidad para más de 40.000 viviendas en grandes municipios.

Con su entrada en vigor, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en aprobar una ley completa y renovada tras la normativa estatal, al tiempo que deroga cuatro leyes anteriores para reducir la dispersión normativa y simplificar la gestión administrativa.

La nueva Ley de Vivienda culmina un proceso iniciado en 2019 que ha incluido planes a largo plazo, incentivos fiscales y un notable aumento del presupuesto autonómico en vivienda, que alcanza los 740 millones de euros, consolidando la apuesta andaluza por ampliar el acceso a una vivienda digna y asequible.